El informe identificó a los cinco sectores más peligrosos para los defensores: la minería, la agroindustria y la ganadería, las energías renovables, la tala y la madera y el petróleo, el gas y el carbón.
Ciudad de México, 1 de octubre (SinEmbargo).– La región de Latinoamérica y el Caribe concentra un 42 por ciento de los ataques –desde asesinatos hasta acoso judicial– contra personas que se dedican a denunciar abusos empresariales, así como a defender derechos humanos, concluyó un reporte del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (CIEDH) que analiza las cifras de los últimos siete años.
Entre enero de 2015 y diciembre de 2022, el CIEDH identificó casi dos mil ataques contra personas defensoras de los derechos humanos (DDH) en América Latina y el Caribe, lo que representa el 42 por ciento del total de ataques, cuyo total fue de 4 mil 700 registrados en todo el mundo. La mayoría de los ataques, el 86 por ciento, se concentraron en sólo seis países de la región: Honduras, México, Brasil, Colombia, Perú y Guatemala.
Además, más de 9 de cada 10 casos de agresiones se reportaron «contra quienes protegían su derecho a la tierra y a un medio ambiente limpio, sano y sostenible». »Los pueblos indígenas, se vieron afectados de forma desproporcionada y fueron objeto del 35 por ciento del número total de agresiones. Dado que esta investigación se basa en información que se encuentra en el dominio público –y que los datos oficiales de los gobiernos sobre agresiones son extremadamente limitados–, el problema es sin duda más grave de lo que indican estas cifras», concluye el reporte, publicado esta semana.
2023_Latin_America_HRDs_ES_nYpsNcp«Estos ataques se enmarcan en esa historia de colonización que tiene la región», aseguró a SinEmbargo Lady Nancy Zuluaga Jaramillo, la autora principal del reporte «Guardianas y guardianes en riesgo: Enfrentando el abuso de las empresas en América Latina y el Caribe». «Creo que esto se relaciona con la historia de discriminación, de racismo estructural que ha vivido la región, y la historia de las industrias inicialmente extractivistas que se instalaron en esos territorios para hace uso de los recursos naturales. Por toda esta historia de discriminación, de historia de racismo estructural, vemos estos ataques que se están presentando cada vez más», completó.
«En el informe hacemos un énfasis en lo que tiene que ver con ataques a personas indígenas y enmarcados en esa historia de discriminación y racismo, donde muchos de los proyectos económicos que se instalan en nuestro continente son precisamente en territorios indígenas, o comunidades afrodescendientes, campesinas, y a partir de ahí empezamos a presenciar un incremento de ataques, porque justamente sectores privados, empresariales, tienen el interés de instalarse sin garantizar realmente a esas comunidades», añadió la coordinadora de proyecto del CIEDH.
Entre los seis países con mayores reportes de ataques contra estos activistas está arriba de todos Honduras, con 18 por ciento de los casos (casi uno de cada cinco); le sigue México, con el 16 por ciento de los casos; Brasil, con el 15 por ciento; Colombia, con el 14 por ciento; Perú con el 13 por ciento; y Guatemala, con el 10 por ciento.
El informe identificó a los cinco sectores más peligrosos para los defensores: la minería, la agroindustria y la ganadería, las energías renovables, la tala y la madera y el petróleo, el gas y el carbón.
Sin embargo, la encargada del informe aceptó que todavía desconocemos una gran parte de este tipo de agresiones, ya que «sería imposible hacer un estimado de lo que falta». «La gran mayoría, o sabemos que muchos de los casos, no se denuncian por diferentes motivos: el primero es un temor generalizado de denunciar que se sufren ataques o amenazas para evitar incluso ponerse en un riesgo mayor», explicó.
«En otros casos es una estrategia de las organizaciones de no denunciar para básicamente intentar solucionar el caso en lo interno: tiene que ver mucho con acciones judiciales donde muchas veces los ataques o las acciones en su contra no se denuncian propiamente como ataques porque es un proceso judicial en curso y se teme que pueda ser influido y se le da mayor divulgación. En otros contextos las organizaciones no llegan a tener la capacidad de denunciar todos los casos, es muy difícil saber una estimación real», subrayó.
Además, el informe detalla que 28 por ciento de las agresiones (más de una por cada cuatro) fueron asesinatos. Por su parte, tres de cada 10 ataques (30 por ciento) constituyeron acoso judicial, que incluye arrestos y detenciones arbitrarias, juicios injustos y acciones judiciales abusivas contra la participación pública (SLAPPs por sus siglas en inglés).
El dato más duro es que el 95 por ciento de todos los ataques registrados son precisamente por la defensa y protección de tierras y territorios y el derecho a un medio ambiente limpio, sano y sostenible. «La construcción del informe parte de entender qué nos dicen las cifras, los datos. Cuando hicimos una primera valoración, encontramos muy claramente el vínculo de personas defensoras que están buscando la visibilización de los impactos en materia ambiental por parte de diferentes sectores económicos», explicó Zuluaga Jaramillo.
«Efectivamente un porcentaje muy alto está visibilizando ese tipo de impactos y vemos también que zonas como Brasil y Perú, que comparten Amazonía, son de los que cuentan con mayor número de ataques. Fue lo que encontramos y que era importante dar a conocer en este contexto de Latinoamérica, donde vemos que la situación climática es urgente», señaló. «Lo que hacemos en el informe es abonar a conocer el contexto para tomar los estándares adecuados para la protección de defensores».
El informe revela asimismo que más de una quinta parte del total de ataques contra personas defensoras en la región fueron contra mujeres defensoras; el 38 por ciento de estos ataques fueron contra mujeres defensoras indígenas. Entre 2015 y 2022, más de 200 defensores y defensoras indígenas de la región fueron asesinados en relación con su labor de defensa de los derechos humanos frente a prácticas empresariales perjudiciales.
«Cada día», asevera el reporte, «héroes ocultos se enfrentan a las grandes empresas, generando alertas sobre cómo sus actividades están menoscabando los derechos humanos y el medio ambiente, al tiempo que abogan por que las empresas que operan en sus comunidades adopten prácticas respetuosas de los derechos. «Desafortunadamente, al participar en este importante trabajo, todas ellas enfrentan riesgos significativos, particularmente en América Latina y el Caribe, la región más peligrosa del mundo para personas» defensoras de derechos humanos.
Entre las recomendaciones para los gobiernos de la región, el reporte pide «aprobar e implementar legislación que reconozca el derecho a defender los derechos y el papel vital de las personas y colectivos defensoras/es, en la promoción de los derechos humanos, el desarrollo sostenible y un medio ambiente saludable, incluido el compromiso de tolerancia cero para los ataques». Sin embargo, Zuluaga Jaramillo acepta que, incluso en países como México donde ya existen mecanismos de protección a personas defensoras de derechos humanos, las agresiones persisten.
«Efectivamente, sabemos de estos países con mecanismos establecidos, y sabemos y reconocemos que estos no están siendo efectivamente implementados. En ese caso es muy importante que se siga impulsando la adecuada implementación, sabemos que en muchos contextos lo que falta son por un lado recursos económicos, en la gran mayoría no cuentan con ellos para llevar a cabo los análisis de riesgo, pero también es importante hacen un trabajo de fortalecimiento de capacidades de los funcionarios que trabajan en esos mecanismos, ya que hay vacíos muy grandes, algunos no conocen el contexto o no tienen la sensibilización y acaban tomando decisiones que no corresponden con la realidad», expresó a este medio.
«Hay mucho por hacer pero es importante seguir impulsando y ante cualquier obstáculo en ese sentido se cuentan con mecanismos a nivel internacional que permitirían garantizar la protección de personas defensoras. Ante la ausencia y la efectividad de los mecanismos a nivel local seguiría también abrir estas puertas a nivel internacional para que se tomen las medidas adecuadas para protegerlos», agregó.
Y es que al menos 177 activistas medioambientales fueron asesinados en 2022 en todo el mundo. Es decir, cada dos días, una persona vinculada a la defensa del medio ambiente es asesinada por sus acciones, de acuerdo con un informe realizado por Global Witness, una ONG fundada en el Reino Unido que monitorea el panorama del activismo medioambiental desde 2012.
En México, que ocupó el primer lugar de la clasificación en 2021, el número total de muertes cayó de 54 a 31. Pero eso no significa que la violencia haya cesado en ese país, apunta Global Witness.
Zuluaga Jaramillo, por su parte, indicó que, a pesar de la apatía de una parte de la sociedad con respecto a estos temas, hay esperanza. «Yo creo que sí hay interés. En Panamá se está llevando a cabo el II Foro Anual de Personas Defensoras Ambientales. Son más de 400 personas provenientes de diferentes regiones de nuestro continente visibilizando la situación. Yo creo que sí hay un interés, pero hay otro sector dentro de la sociedad que no tiene el interés de conocerlo o por el contrario tiene interés de no visibilizarlo. Hay un sector específico que sí impulsa esta agenda, pero otro sector, como lo vemos en casi todos los temas, que tiene un interés de que no se visibilice», concluyó.
